Paraguay: un banco colapsa y el presidente queda al borde de la destitución
Primero fueron las filas frente a las sucursales cerradas. Después, las vigilias frente al Congreso. Y al cierre de una semana frenética, un presidente sentado ante el Senado para defender su cargo.
Paraguay vive días excepcionales desde que Ueno Bank, la entidad digital que llegó a tener como clientes a dos de cada tres adultos del país, se vino abajo y dejó congelados los ahorros de millones de personas.
Santiago Peña no enfrenta solo un juicio político de destitución: la Fiscalía General abrió tres investigaciones penales en torno al colapso y su propio partido, el Colorado, le retiró el respaldo en el momento decisivo.
La crisis condensa, en pocos días, todos los ingredientes de un terremoto institucional: un banco de crecimiento fulgurante, fondos de pensiones comprometidos, un regulador bajo sospecha y una renuncia que el Congreso se negó a aceptar para poder juzgar al mandatario.
Este viernes, Peña presenta su defensa ante los senadores, y la vara para destituirlo es exigente pero alcanzable: 30 de los 45 votos de la Cámara Alta.
Para entender la magnitud del golpe hay que medir primero el tamaño del caído.
Ueno Bank obtuvo su licencia bancaria en 2023 y, en un puñado de años, abrió más de 70 sucursales y sumó cerca de tres millones de clientes: dos de cada tres adultos paraguayos guardaban allí su dinero o cobraban a través de su plataforma.
No era un banco más; era, para una enorme porción de la población, el banco.
Esa capilaridad explica tanto su éxito como la velocidad del contagio político de su caída. Cuando una entidad así se desploma, el problema deja de ser sectorial y se convierte en un asunto de Estado: detrás de cada cuenta congelada hay salarios, pensiones y pequeños negocios.
La información de PBS NewsHour sobre la reacción de la Fiscalía da cuenta de esa dimensión nacional del caso.
El principio del fin llegó el lunes, cuando una auditoría sobre la cartera de créditos de la entidad reveló documentación deficiente y gastos registrados de manera irregular como activos.
Al depurar los balances, la solvencia del banco quedó por debajo del 50% del capital mínimo que exige la ley: una entidad en esas condiciones no podía seguir operando.
El martes, el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank, bloqueó sus operaciones e inició el proceso de resolución para transferir los activos recuperables.
La parálisis de la aplicación móvil, las tarjetas y las oficinas provocó el miércoles largas filas de ahorristas y fallas técnicas en otros bancos, con el temor de fondo de una corrida generalizada.
La respuesta legislativa llegó el mismo miércoles: el Congreso sancionó una ley de emergencia que ordena al fondo estatal de garantía devolver los depósitos en cinco días hábiles, con un tope de 36.000 dólares por cliente que cubre al 97% de los usuarios.
Los pagos comenzaron este jueves, empezando por las cuentas de hasta 1.600 dólares. El paraguas protege a los más pequeños, pero no apaga la pregunta que recorre Asunción: cómo pudo acumularse semejante deterioro sin que nadie lo frenara.
La respuesta a esa pregunta toca directamente al presidente. El libelo acusatorio aprobado en Diputados —la cámara que preside Raúl Latorre— sostiene un presunto conflicto de intereses: Peña conservó participación accionaria en Ueno Holding, el grupo controlante del banco, hasta marzo de 2025, ya en ejercicio de la presidencia.
El otro dato que alimenta la controversia es el destino de los fondos públicos.
Bajo la gestión de Peña, las instituciones estatales depositaron en la entidad unos 850 millones de dólares a septiembre de este año, de los cuales cerca de 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social: dinero de jubilaciones y de salud.
Y quien debía vigilar esos riesgos desde el Banco Central era Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, designado por el propio mandatario al frente del ente supervisor. La paradoja es evidente: el vigilante provenía de la casa vigilada.
Las señales, además, existían. En junio pasado, los inspectores del Banco Central ya habían detectado préstamos de alto riesgo concedidos a empresas vinculadas con los propietarios del banco, operaciones que excedían los límites legales y carecían de garantías suficientes.
Que la entidad continuara operando y recibiendo fondos públicos después de esa alerta es hoy el corazón de la acusación política y de las pesquisas penales sobre la supervisión estatal, el manejo de la insolvencia y la colocación del dinero público, como detalla la crónica de El Nuevo Día sobre el proceso abierto en el Senado.
El desenlace político se aceleró este jueves. Horacio Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana, anunció que el Partido Colorado retiraba su apoyo a Peña y acompañaría el juicio político.
Sin ese paraguas, el presidente quedó solo: al mediodía difundió un video en la red social X anunciando su dimisión, y hacia las 13:30 la nota formal llegó al Congreso por intermedio del ministro del Interior, Enrique Riera.
Pero el Parlamento no quiso una salida pactada.
Minutos después del anuncio, la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos a 0 —unanimidad completa— el libelo acusatorio bajo el artículo 225 de la Constitución, y la sesión bicameral convocada para aceptar la renuncia se quedó sin quórum cuando los legisladores colorados abandonaron el recinto.
En una segunda sesión, los diputados desestimaron en cambio el pedido de juicio contra el vicepresidente Pedro Alliana, preservándolo como figura de recambio. Ya de noche, el presidente del Senado, Basilio Núñez, constituyó a la Cámara Alta en tribunal.
La secuencia completa de esa jornada puede repasarse en el relato de Infobae sobre la renuncia fallida y el inicio del juicio.
El frente judicial avanza en paralelo. El fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, abrió las tres investigaciones penales que involucran a Peña y a otros funcionarios.
Contra la cúpula del banco, la Fiscalía formuló cargos contra 27 directivos y asociados por presunta lesión de confianza y tentativa de estafa —cargos que, por ahora, son presuntos y deberán sustanciarse—, y un juez ordenó prisión preventiva para seis altos ejecutivos, entre ellos el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, y su fundador, Federico Miguel Vázquez, socio comercial del mandatario; otros dos quedaron bajo arresto domiciliario.
En la calle, el costo humano se cuenta en empleos y en ahorros.
El Ministerio de Trabajo estima que el cierre pone en riesgo unos 7.000 puestos directos e indirectos, mientras cientos de trabajadores y clientes mantienen vigilias frente al Congreso, a la espera de dos respuestas que no llegan al mismo ritmo: la de su dinero y la de la política.
Este viernes, Peña comparece ante el Senado para ejercer su defensa. Si los senadores reúnen los 30 votos, será destituido, perderá la inmunidad y no podrá asumir como senador vitalicio, y Alliana quedará en línea para sucederlo.
Si el juicio fracasa, seguirá en el cargo, pero con su partido fracturado, la Fiscalía investigando a su entorno y un sistema financiero por reconstruir.
Sea cual sea el resultado, el caso Ueno Bank ya dejó su enseñanza: un banco que crece alimentado por fondos públicos, con un regulador surgido de sus propias filas, convierte cualquier auditoría adversa en una crisis de gobierno. Paraguay lo está comprobando en tiempo real.
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