Ganaron el Congreso, pero la pelea por los votos continúa en los tribunales
¿Abandonó Donald Trump la pelea por los resultados electorales?
La pregunta empezó a circular apenas se confirmó, este martes, que los demócratas se habían hecho con el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de mitad de mandato, de acuerdo con las proyecciones de los medios.
La respuesta que permite la evidencia es negativa, o al menos matizada: el presidente ha seguido interviniendo en las contiendas abiertas y su propio Gobierno mantiene litigios en curso. La elección se decidió en las urnas; su epílogo se está escribiendo en los tribunales.
Buena parte de la confusión nace de un artículo de AlterNet publicado este jueves bajo el título «The real reason Trump stopped fighting on Tuesday», que presentaba la supuesta renuncia presidencial como un hecho a explicar.
El texto se apoya en una entrevista con Beauregard Patterson y Jacki Anderson, abogados de Democracy Defenders Fund. Pero su material mezcla tres planos distintos: resultados ya conocidos, afirmaciones del autor y valoraciones de los entrevistados. Tomarlos como un todo verificado sería un error.
Nadie discute seriamente el resultado general. Las proyecciones otorgan a los demócratas el mando de las dos cámaras, y con ello los republicanos pierden el control del poder legislativo.
Lo que está en cuestión es otra cosa: si ese desenlace vino acompañado de una renuncia del presidente a cuestionar el proceso.
Los hechos posteriores a la jornada electoral apuntan en sentido contrario, y así lo recoge también nuestro análisis de los resultados nacionales de mitad de mandato: el control cambió de manos, pero las controversias no se extinguieron con el escrutinio.
Hay que subrayar, además, una obviedad que a veces se pierde en el debate público: ganar por un margen amplio no impide jurídicamente que la parte perdedora impugne. Las demandas se presentan, los jueces las examinan y los procesos siguen su ritmo, ajenos a la rotundidad del veredicto electoral.
El caso que mejor ilustra la situación está en Alaska. Ya antes de la votación, el Departamento de Justicia había acudido a los tribunales con una pretensión llamativa: bloquear la certificación de la elección al Senado por ese estado si el republicano Dan Sullivan salía derrotado.
Un juez rechazó la demanda por motivos procesales, pero el departamento no se conformó y apeló, con lo que el asunto continúa abierto.
Sobre esa misma elección pesa una segunda polémica. En la papeleta aparecía también Daniel J. Sullivan, un profesor jubilado con un nombre casi idéntico al del senador.
Contra la campaña de la demócrata Mary Peltola se formularon acusaciones de haber contribuido a reclutar a ese candidato para sembrar confusión entre los votantes.
La campaña lo negó, y no existe respaldo que permita dar la acusación por probada: debe tratarse como una imputación no demostrada, no como un dato de la crónica.
Y este jueves llegó la intervención directa del presidente. A través de Truth Social, Trump reclamó públicamente que los votos logrados por el candidato homónimo y por otro aspirante republicano, Gerald Heikes, pasaran al senador Sullivan.
Quien pide que se le entreguen a su candidato los sufragios de otros no ha dejado de luchar por el resultado: lo está disputando a la vista de todos.
Ocurre, sin embargo, que el sistema electoral de Alaska no funciona de ese modo.
El estado aplica el voto por orden de preferencia: si ningún candidato rebasa el 50 por ciento de las primeras opciones, el menos votado queda eliminado y sus papeletas se reasignan siguiendo las preferencias sucesivas que cada elector dejó marcadas.
La reasignación la define el votante, no una petición presidencial, como detalla el seguimiento en directo de CBS News sobre los resultados y los litigios de estas elecciones.
Esa es la brecha que atraviesa todo el episodio: la distancia entre lo que un presidente puede declarar en una red social y lo que el procedimiento electoral permite hacer con los votos ya emitidos.
Mientras la apelación del Departamento de Justicia sigue su curso, el destino del escaño dependerá del recuento preferencial y de lo que los tribunales resuelvan, no de la presión ejercida en público.
La prudencia también se impone al leer las cifras. En la madrugada de este viernes, CBS News atribuía a los demócratas al menos 54 escaños en el Senado, margen suficiente para gobernar la cámara.
Pero Alaska y Mississippi continuaban sin ganador proyectado, y en la Cámara de Representantes la estimación de unos 256 escaños demócratas incluía distritos aún sin vencedor asignado. Dicho de otro modo: son proyecciones sólidas que anticipan el reparto de poder, no un acta final de resultados.
El contraste con los datos que manejaba AlterNet ayuda a ver cómo se movió el escrutinio con el paso de las horas.
Su artículo trabajaba con una foto más temprana: 231 escaños demócratas y 153 republicanos en la Cámara, más de medio centenar de carreras por decidir y una horquilla de 52 a 54 senadores demócratas.
Esas cifras describían el momento en que fueron escritas; el balance más reciente es el de las actualizaciones posteriores. Confundir ambas fotografías llevaría a presentar como definitivos unos números que sus propios autores daban por provisionales.
Si la batalla judicial continúa, la financiera ya dejó su veredicto. Associated Press documentó el esfuerzo económico de Elon Musk en el ciclo y lo cifró en al menos 445 millones de dólares dedicados a que los republicanos conservaran el Congreso.
El matiz «al menos» importa, porque la cantidad es un suelo documentado y no necesariamente el gasto total.
Por su parte, NPR cuantificó las aportaciones de Musk a candidatos, comités y grupos externos republicanos por encima de esa misma cifra, apoyándose en los registros federales de financiación analizados por OpenSecrets. Lo que ninguna de las dos coberturas prueba es que Trump dirigiera personalmente cada desembolso.
Tampoco cabe deducir que semejante inversión no moviera ni un voto: la única conclusión segura es que no alcanzó para retener ninguna de las dos cámaras.
Hubo más fricción institucional después del cierre de urnas.
En el estado de Washington, el juez federal Jamal Whitehead dictó una orden temporal que vedaba al Departamento de Justicia obligar a los trabajadores electorales a rechazar ciertas papeletas pertenecientes a personas sospechosas de no ser ciudadanas, así como amenazarlos con causas penales por desobedecer esa exigencia.
Las autoridades estatales habían advertido de que la lista federal contenía errores de bulto: incluía a ciudadanos estadounidenses y hasta a personas que no figuraban como votantes registrados en el estado.
¿Por qué aguantaron las instituciones? La respuesta de Patterson y Anderson, en la entrevista que originó todo este debate, apunta a tres factores: las decisiones de los tribunales, la gestión electoral en manos de los estados y la preparación previa de funcionarios y organizaciones de la sociedad civil.
Es la interpretación de dos abogados especializados, presentada por ellos mismos, y como interpretación debe leerse: no constituye una sentencia sobre la elección en su conjunto ni una demostración de lo que el presidente pensaba o dejó de pensar.
El balance verificable de la semana admite, en realidad, poca discusión. Los republicanos perdieron el control legislativo.
Alaska mantiene un litigio vivo con apelación incluida, dos carreras del Senado aguardan aún su desenlace y un juez federal ha puesto límites a la actuación del Departamento de Justicia sobre los funcionarios electorales. En ese contexto, sostener que Trump abandonó por completo la disputa resulta insostenible.
Lo previsible es que los frentes abiertos se vayan cerrando uno a uno en las próximas semanas, al ritmo de los recuentos preferenciales y de las resoluciones judiciales, mientras el nuevo reparto de poder en el Congreso empieza a funcionar.
Hasta entonces, la fórmula más ajustada a los hechos es también la más sencilla: hubo una victoria demócrata clara y, al mismo tiempo, una pelea por los votos que todavía no ha terminado.
Las explicaciones sobre los motivos del presidente seguirán circulando, pero pertenecen al género de la opinión atribuida, no al de la noticia confirmada.
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