Hay semanas que un país tarda años en procesar. Paraguay acaba de vivir una: empezó con un banco intervenido antes del amanecer y terminó con Santiago Peña destituido, su sucesor juramentado y el expresidente bajo arresto domiciliario.
Este viernes, el Senado removió al mandatario por 44 votos a favor y ninguno en contra. Unanimidad total, incluido su propio partido.
El dato no admite matices: oficialismo y oposición votaron en bloque por la remoción. No hubo un solo senador dispuesto a cargar con el costo político de defender al presidente.
El juicio político fue exprés: la acusación se formalizó el jueves y la sentencia llegó al día siguiente. Cuando un sistema decide actuar así de rápido, es porque el veredicto ya estaba escrito.
El vicepresidente Pedro Alliana asumió el mismo día y gobernará hasta agosto de 2028. Y antes de que cayera la noche, la fiscalía ya había ordenado el arresto domiciliario del exmandatario.
Peña es el segundo presidente paraguayo destituido por juicio político desde que terminó la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. El resumen de la jornada, minuto a minuto, lo llevó CNN en Español en su cobertura en vivo.
CUATRO DÍAS PARA PERDERLO TODO
El principio del fin llegó el martes, antes del amanecer. El Banco Central intervino Ueno Bank al constatar que su solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo legal.
La entidad dejó a más de 2,9 millones de clientes sin acceso a su dinero de un día para otro. En un país de 6,1 millones de habitantes, eso es casi la mitad de la población.
Más de un millón de personas tenía allí su primera cuenta bancaria, captadas por los reembolsos en el supermercado. El banco no era una opción más: era la puerta de entrada al sistema financiero.
El daño colateral apareció enseguida. Una aplicación de transporte ligada a la entidad cerró y dejó a 3.000 conductores en la calle.
La estatal eléctrica ANDE confirmó que 21 millones de dólares de préstamos internacionales —del Banco Interamericano de Desarrollo y de Taiwán— quedaron atrapados dentro del banco intervenido.
El guaraní perdió terreno frente al dólar y los bonos paraguayos se desplomaron en los mercados emergentes. El jueves empezaron las devoluciones parciales: primero, los saldos de hasta unos 1.500 dólares.
El fondo de garantía cubre hasta 35.000 dólares por cliente, el 97 por ciento de los usuarios. El resto deberá esperar el resultado de la liquidación de activos.
Ueno no era un banco cualquiera. Era el primer banco digital del país, la cuenta que millones de paraguayos abrían desde el teléfono, muchas veces la primera de su vida.
Por eso la crisis no se quedó en los balances. Las protestas estallaron en las redes sociales y las movilizaciones pacíficas llegaron al centro de Asunción mientras el Congreso decidía.
En menos de 96 horas, Paraguay pasó de una crisis de liquidez a la ruptura completa de su orden institucional. Pocas capitales del continente han visto una caída tan rápida.
LA ACUSACIÓN: EL DINERO PÚBLICO COMO COMBUSTIBLE
¿Por qué cayó un presidente por un banco? Porque, según el Congreso, el banco creció con dinero de todos empujado desde el poder.
El pliego acusatorio le atribuye haber direccionado más de 800 millones de dólares de recursos públicos hacia Ueno Bank. De ese total, 355 millones eran del fondo estatal de pensiones, colocados por encima de los límites que fija la ley.
Hay dos datos más que completan el retrato. El primero: Peña conservó participación en el grupo dueño del banco hasta 2025, cuando se desprendió de las acciones bajo presión pública.
El segundo: en 2023 designó al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, un hombre surgido de la financiera que dio origen a Ueno Bank. El vigilante venía de la casa vigilada.
La reconstrucción del expediente, con sus cifras y sus protagonistas, puede seguirse en el reporte de El Colombiano sobre la destitución.
LA RENUNCIA QUE EL CONGRESO NO ACEPTÓ
El jueves, Peña intentó la última carta: renunció. No era un gesto de desprendimiento; la renuncia le conservaba los fueros de senador vitalicio y, con ellos, la inmunidad.
El Congreso entendió el movimiento y lo bloqueó. Con las bancadas alineadas por Horacio Cartes —su antiguo mentor—, la renuncia fue desestimada y se votó la destitución, que sí le retira los fueros.
El detalle dice mucho de la política paraguaya: quien lo encumbró fue quien organizó su salida cuando defenderlo dejó de ser rentable.
Con Santiago Peña destituido y sin inmunidad, el expediente dejó de ser un problema político para convertirse en un caso judicial en toda regla.
DE LA ROSADA A LA COMISARÍA
Cuatro fiscales firmaron la resolución número 7: arresto domiciliario para Peña en Asunción. Los cargos son lesión de confianza, tráfico de influencias y uso del cargo público para beneficio personal.
Los firmantes son Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Benítez. Su comunicado sostiene que existen elementos de convicción suficientes que vinculan al expresidente con las maniobras de fondos.
Esas maniobras, según la fiscalía, ocurrieron mientras Peña era simultáneamente accionista de Ueno Holding y la máxima autoridad política del país. La doble condición es el nudo del caso.
Las penas de los delitos más graves llegan a diez años de prisión. El expresidente fue citado a declarar este sábado a las 11:00 ante el Ministerio Público.
La misma resolución alcanzó a Carvallo, detenido en dependencias de la Policía Nacional. El banquero central que debía vigilar al banco terminó detenido por la misma causa que su antiguo empleador.
En el expediente del banco, la fiscalía imputó a 27 personas por lesión de confianza e intento de fraude. Seis exdirectores quedaron en prisión preventiva en el penal de Tacumbú.
Al fundador de la entidad, Miguel Vázquez, le incautaron vehículos de lujo, un yate y dos avionetas. Todos los cargos son, por ahora, presuntos: la justicia deberá probarlos.
SANTIAGO PEÑA DESTITUIDO: LO QUE QUEDA EN PIE
Alliana hereda un gobierno completo por delante y una confianza financiera por reconstruir. Su tarea inmediata es doble: que los ahorristas recuperen su dinero y que el sistema vuelva a parecer seguro.
También hereda el precedente. Desde el regreso de la democracia, ningún presidente paraguayo había terminado ante la justicia ordinaria por el manejo de fondos públicos.
Lo que el tribunal decida en esta causa fijará la frontera entre la responsabilidad política y la penal para todos los que gobiernen después. Por eso el caso importa más allá de Asunción.
En nuestra crónica de esta semana sobre el colapso del banco que dejó al presidente al borde de la destitución ya estaba el desenlace en germen: cuando un banco se construye con fondos públicos y reguladores propios, su caída nunca es solo financiera.
Santiago Peña destituido en cuatro días es la demostración más cara de esa regla. Paraguay la aprendió pagando el precio completo.
El nuevo presidente tendrá que gobernar, además, con el expediente abierto: la declaración del exmandatario este sábado es solo la primera estación de un proceso que puede durar años.
Y con una pregunta que ningún decreto responde: cuántos paraguayos volverán a confiar su primera cuenta a un banco que prometa hacerlo todo desde el teléfono.
