El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el domingo los “Pandora Papers“, una exposición de los secretos financieros y tratos en el extranjero de decenas de jefes de estado, funcionarios públicos y políticos de 91 países y territorios.
La exposición de más de 11,9 millones de registros, lo que equivale a unos 2,94 terabytes de datos, se produjo cinco años después de que la filtración conocida como los “Papeles de Panamá” expusiera cómo los ricos ocultaban el dinero de formas que las fuerzas del orden no pudieron detectar.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red de periodistas y organizaciones de medios con sede en Washington, dijo que los archivos están vinculados a unos 35 líderes nacionales actuales y anteriores, y más de 330 políticos y funcionarios públicos.
La ICIJ, por sus siglas en inglés, tiene su sede en Washington, D.C. con personal en Australia, Francia, España, Hungría, Serbia, Bélgica e Irlanda.
El ICIJ describió la filtración de documentos como su exposición más amplia de secreto financiero hasta el momento, que contiene documentos, imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo de 14 empresas de servicios financieros, en países como Panamá, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, superando su publicación anterior de los Papeles de Panamá en 2016, que tenía 11,5 millones de documentos confidenciales.
Los informes de noticias han sido publicados originalmente por los medios asociados a la ICIJ en la investigación de Pandora: The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France y Indian Express.
ICIJ no ha revelado el origen exacto de las filtraciones para proteger sus fuentes. Los documentos incluyen extractos bancarios y registros de propiedad de activos mantenidos en las Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, Dakota del Sur, Samoa, Seychelles y otras jurisdicciones que atienden activamente a los inversores que buscan el secreto.
Algunas de las personas mencionadas en los documentos son líderes políticos importantes en países en desarrollo o empobrecidos, como Jordania y Kenia.
Entre los actuales jefes de estado implicados en los Pandora Papers se encuentra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, junto con seis miembros de su familia. Los documentos alegan que controlan una red de empresas y fundaciones offshore en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas por valor de más de $30 millones.
Se alega que la familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, estuvo involucrada en transacciones inmobiliarias en Gran Bretaña por valor de cientos de millones de dólares.
Los documentos vinculan al presidente chileno Sebastián Piñera con más de $100 millones estacionados en empresas ficticias en las Islas Vírgenes Británicas.
El rey Abdullah de Jordania acumuló alrededor de $100 millones en propiedades en los Estados Unidos y el Reino Unido a través de compañías secretas.
Otros nombres globales mencionados incluyen a Shakira, quien estaba incorporando nuevas entidades extraterritoriales mientras iba a juicio por evasión de impuestos; ex presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que revisará los documentos publicados en Pandora Papers.
Las autoridades fiscales de varios países, incluida la India, dijeron que planean investigar cualquier actividad criminal potencial.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró que presionará para que se investigue a los ciudadanos mexicanos nombrados en la filtración.
Pandora Papers se produce cinco años después de que la filtración conocida como los “Papeles de Panamá” expusiera cómo los ricos ocultaban el dinero de formas que las fuerzas del orden no pudieron detectar.
El uso de empresas extraterritoriales no es ilegal ni es por sí mismo una prueba de irregularidades, pero las organizaciones de noticias del consorcio dijeron que tales transacciones podrían usarse para ocultar la riqueza a los recaudadores de impuestos y otras autoridades.
Ricos y poderosos expuestos por Pandora Papers niegan haber cometido un delito después de la descarga de supuestos secretos.
