El caso de Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño con residencia legal en Maryland, ha desatado un intenso debate sobre inmigración, poder ejecutivo y el derecho fundamental al debido proceso en Estados Unidos.
Deportado por error en marzo por la administración Trump a pesar de una orden judicial que bloqueaba su expulsión, el viaje de García lo llevó de las calles de Maryland a una infame mega prisión en El Salvador, desatando una polémica diplomática y legal.
García fue detenido en Maryland; su hijo autista de cinco años, según informes, se encontraba en el vehículo en ese momento.
Fue trasladado primero a Baltimore y luego a un centro de detención en Texas, antes de ser trasladado en avión a El Salvador sin un destino claro.
A su llegada, fue enviado a la infame prisión CECOT, un centro de alta seguridad conocido por sus duras condiciones y aislamiento.
García relató haber estado recluido en una celda abarrotada y sentirse traumatizado por las burlas y amenazas de otros reclusos, aunque no les tenía miedo a quienes se encontraban en su celda inmediata.
No tuvo contacto con el mundo exterior durante su detención.
Posteriormente, el gobierno de Trump reconoció la deportación de García como un “error administrativo” en un expediente judicial; sin embargo, los funcionarios continuaron afirmando públicamente que pertenecía a una pandilla, una acusación sin fundamento en las pruebas presentadas ante el tribunal.
Esta postura, sumada al desafío del gobierno a las órdenes judiciales para facilitar el regreso de García, provocó una enérgica condena.
Para agravar aún más el drama en desarrollo, la Corte Suprema detuvo temporalmente las deportaciones de hombres venezolanos detenidos en Texas en virtud de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII poco utilizada, la Ley de Enemigos Extranjeros, que el gobierno de Trump había empleado.
La ACLU, que presentó el recurso de emergencia, destacó el riesgo de que estas personas se enfrentaran a un encarcelamiento brutal sin el debido proceso, similar a la situación de García.
Para cerciorarse del bienestar de García y presionar por su liberación, el senador estadounidense Chris Van Hollen viajó a El Salvador.
Inicialmente, sus intentos de visitar a García en el CECOT fueron bloqueados.
Finalmente, se reunió con García en su hotel, una reunión supuestamente orquestada por el gobierno salvadoreño y rodeada de cámaras.
Durante la reunión, se colocaron sobre la mesa bebidas que parecían margaritas, una medida que el senador Van Hollen condenó públicamente como un intento deliberado del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele de presentar la situación de García falsamente como una experiencia placentera.
Tanto el senador como García se abstuvieron de tocar las bebidas.
El senador Van Hollen ha criticado abiertamente las acciones de la administración Trump, presentando el caso como un ataque directo a los derechos constitucionales de todos los residentes de Estados Unidos.
Ha acusado a la administración de ignorar flagrantemente las órdenes de la Corte Suprema y al gobierno salvadoreño de complicidad en detenciones ilegales.
El caso se ha convertido en un campo de batalla partidista, con los demócratas exigiendo el regreso de García y el debido proceso, mientras que algunos republicanos se han hecho eco de las afirmaciones infundadas del gobierno sobre su presunta afiliación a pandillas.
También surgieron informes de que el gobierno de Trump había prometido a El Salvador 15 millones de dólares por detener a prisioneros, incluyendo a aquellos deportados injustamente.
Si bien Kilmar Abrego García ha sido trasladado desde entonces a un centro de detención en Santa Ana con mejores condiciones, su futuro sigue siendo incierto.
Su caso es un duro recordatorio de las posibles consecuencias cuando las acciones ejecutivas parecen invalidar las sentencias judiciales y del impacto humano del debate migratorio en curso.
La lucha por el regreso de Kilmar Abrego García continúa, simbolizando una lucha más amplia por la preservación de las libertades constitucionales y el estado de derecho.
