En un giro de los acontecimientos profundamente triste, Singapur llevó a cabo recientemente la ejecución de una traficante de drogas después de casi dos décadas.
Saridewi Djamani, ciudadana de Singapur, fue condenada a la pena de muerte preceptiva en 2018. Fue declarada culpable de posesión de alrededor de 30 gramos de diamorfina (heroína) con fines de tráfico.
Según los informes, su ejecución se realizó el viernes, lo que sería la primera ejecución de una mujer en Singapur en unos 20 años.
La noticia ha generado preocupación y debate generalizados, con varias organizaciones de derechos humanos y personas expresando su consternación por el uso de la pena capital en casos relacionados con las drogas.
La mujer en cuestión fue condenada por tráfico de aproximadamente 31 gramos de heroína, una sustancia conocida por su impacto devastador tanto en individuos como en comunidades.
Su ejecución marca un alejamiento significativo de la práctica anterior de Singapur de no ejecutar la pena capital durante casi 20 años, lo que lo convierte en un motivo de gran preocupación para muchas personas en todo el mundo.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, han condenado el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas y han instado a los gobiernos a avanzar hacia la abolición.
Amnistía Internacional, un destacado grupo de derechos humanos, se ha manifestado abiertamente en contra de estas ejecuciones recientes, denunciándolas como actos ilegales y vergonzosos.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte, en todos los casos y bajo cualquier circunstancia.
Varias figuras prominentes, incluida la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark, el parlamentario británico Chris Bryant y el defensor de los derechos humanos Phil Robertson, han recurrido a las redes sociales para expresar su conmoción y condena.
Los críticos argumentan que la pena de muerte, en particular por delitos relacionados con las drogas, es un castigo severo y desproporcionado que viola las normas internacionales de derechos humanos.
Afirman que tales prácticas no disuaden efectivamente los delitos de drogas y pueden conducir a graves errores judiciales.
Este incidente reciente ha reavivado el debate de larga data sobre la eficacia y la moralidad de la pena capital, especialmente en los casos relacionados con el tráfico de drogas.
A medida que aumenta la presión internacional, aumentan los llamamientos para que Singapur reevalúe su postura sobre la pena de muerte y considere enfoques alternativos que den prioridad a la rehabilitación y la justicia restaurativa.
Muchas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y HURIDOCS, han estado instando a Singapur a detener más ejecuciones y revisar sus políticas de drogas en consonancia con los principios internacionales de derechos humanos.
Enfatizan la importancia de adoptar estrategias más compasivas y basadas en evidencia que aborden las causas fundamentales de los problemas relacionados con las drogas y ofrezcan apoyo a quienes luchan contra la adicción.
El trágico evento también ha provocado manifestaciones de activistas que piden enfoques más humanos para abordar los delitos de drogas.
Mientras el mundo observa de cerca, el resultado de estos alegatos y las implicaciones más amplias para el sistema de justicia penal de Singapur siguen siendo inciertos.
Desde el 30 de marzo de 2022, cuando se reanudaron las ejecuciones tras una suspensión de dos años, Singapur ha matado a 15 personas por delitos relacionados con las drogas. Cuatro de estas ejecuciones han sido consumadas en 2023.
Es probable que persista la presión internacional sobre Singapur para que reconsidere su enfoque de los delitos relacionados con las drogas, ya que los defensores continúan sus esfuerzos para promover soluciones más compasivas y efectivas para abordar los desafíos relacionados con las drogas.
