Sudáfrica acusa a Israel de genocidio en La Haya

Sudáfrica presentó esta semana un caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusando al gobierno israelí de violar la Convención sobre Genocidio de 1948 en su conducción de la guerra en Gaza. 

Durante dos días de audiencias en la CIJ en La Haya, ambas partes expusieron sus argumentos legales ante el panel de jueces.

En representación de Sudáfrica, los abogados Adila Hassim y John Dugard describieron pruebas de lo que denominaron “actos genocidas” cometidos por Israel, incluidos asesinatos en masa de palestinos, daños corporales y mentales, desplazamientos forzados, destrucción de infraestructura como hospitales y acciones que impedían nacimientos. 

Argumentaron que estos actos eran parte de una política de larga data de apartheid, ocupación y asedio contra los palestinos que se remonta a 1948.

Israel respondió que estaba actuando en defensa propia después de los ataques de Hamas el 7 de octubre. 

Los abogados Malcolm Shaw y Christopher Staker enfatizaron las cuestiones jurisdiccionales, alegando que Sudáfrica no había buscado adecuadamente resolver la disputa primero de manera bilateral. 

Argumentaron que los hechos eran parte de un conflicto armado regido por el derecho internacional humanitario, no un genocidio.

Durante los dos días, el equipo legal de Israel, incluidos Gilad Noam y Galit Raguan, rechazó las acusaciones de intención genocida, culpó a Hamas por las muertes de civiles e insistió en que Israel había facilitado la ayuda humanitaria. 

Mostraron imágenes del ataque de Hamás del 7 de octubre y afirmaron que se produjeron daños en sitios como hospitales cerca de objetivos militares.

También afirmaron que el tribunal debería aplicar medidas provisionales contra Sudáfrica, acusándola de mantener estrechos vínculos con Hamás. 

Israel culpó a Hamas por el elevado número de víctimas civiles en Gaza y afirmó que Israel no había bombardeado hospitales. 

Afirmaron que facilitaron ayuda humanitaria y se opusieron al uso de medidas provisionales, enumerando varias razones, entre ellas que Hamás es considerada una organización terrorista por Israel y otros países y había cometido “un ataque terrorista a gran escala”.

Afuera del tribunal, los manifestantes pro palestinos rechazaron enérgicamente la narrativa de Israel y emitieron comentarios en vivo refutando sus argumentos. 

Los expertos dijeron que Israel perdió el “argumento moral”, pero planteó fuertes argumentos “procesales” sobre la jurisdicción. 

Se consideró que Sudáfrica expuso un caso fáctico detallado, aunque será difícil demostrar una intención genocida específica.

Varios países han expresado su apoyo al caso de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ. Estos países incluyen:  La Organización de Países Islámicos, Malasia, Turquía, Jordania, Bolivia, Maldivas, Namibia, Pakistán, y Colombia.

Al concluir las audiencias, el tribunal dijo que anunciaría su decisión sobre las medidas provisionales en los próximos días. 

Si se aprueba, esto podría detener temporalmente las operaciones militares de Israel mientras se investigan todos los méritos del caso. 

El proceso puso de relieve la profunda polarización internacional sobre la descripción de las acciones de Israel en Gaza como “genocidio”.

El caso se produce en medio de la devastación actual en Gaza, con miles de muertos desde octubre. 

Los residentes han comenzado a regresar a las zonas arrasadas a medida que Israel retira sus fuerzas, encontrando sus hogares y vidas destruidas en el conflicto que sigue costando caro a los civiles palestinos. 

El tribunal sopesará ahora si se deben evitar más pérdidas de vidas mientras considera las acusaciones hechas por Sudáfrica.

Al final de la audiencia de dos días, la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, concluyó el proceso el viernes y afirmó que el tribunal anunciaría su sentencia en los próximos días.

Independientemente del resultado, el caso ha atraído una atención renovada sobre el conflicto actual en Gaza y la difícil situación del pueblo palestino, y aún está por verse qué impacto tendrá la decisión de la CIJ en la situación sobre el terreno.