El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, fue liberado de prisión el miércoles después de cumplir 16 años de prisión por abusos contra los derechos humanos y corrupción durante su gobierno de 1990 a 2000.
Esta decisión se produce después de que el tribunal más alto del país restableciera un controvertido indulto, lo que provocó celebración e indignación entre la población peruana.
Fujimori, que ahora tiene 85 años, cumplía una condena de 25 años de prisión por autorizar un escuadrón de la muerte responsable del asesinato de 25 personas en 1991 y 1992.
También fue declarado culpable de irrumpir en la casa de un ex jefe de espías para robar vídeos incriminatorios, tomar dinero del tesoro del gobierno para pagar al jefe de espías y autorizar escuchas telefónicas ilegales y sobornos durante su mandato.
La decisión de liberar a Fujimori fue tomada el martes por el Tribunal Constitucional de Perú, que consideró “fundado” un recurso para restablecer el indulto de 2017 por motivos humanitarios.
Este indulto fue concedido inicialmente por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero luego fue anulado por la Corte Suprema del país en 2018. Esto motivó el regreso de Fujimori a prisión, donde ha estado hasta su liberación esta semana.
La liberación de Fujimori ha suscitado reacciones encontradas por parte de la población peruana. Los partidarios del expresidente lo ven como un héroe que salvó al país de la guerrilla de Sendero Luminoso y del colapso económico.
Creen que merece elogios por su postura dura en la lucha contra el terrorismo y sus exitosas políticas económicas.
Sin embargo, para muchos, Fujimori es una figura muy divisiva, recordada por su gobierno autoritario y sus abusos contra los derechos humanos.
Durante su mandato en el poder, hubo informes sobre escuadrones de la muerte autorizados por el gobierno y la esterilización forzada de cientos de miles de mujeres pobres, en su mayoría indígenas.
Sus oponentes lo ven como un dictador que usó su poder para reprimir la disidencia y mantener un bastión en el país.
La liberación de Fujimori también ha provocado la indignación de las familias de sus víctimas. Activistas de derechos humanos han criticado la decisión, afirmando que va en contra de los esfuerzos de organismos internacionales que han pedido justicia para los afectados por la violencia estatal.
Esta decisión también desafía un fallo anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había instado a Perú a no liberar a Fujimori.
La CIDH ha seguido expresando preocupación por la liberación de Fujimori y ha solicitado más tiempo para evaluar el fallo de la corte peruana. Sin embargo, esta solicitud fue ignorada por el gobierno y Fujimori fue liberado el miércoles entre vítores de sus partidarios y la indignación de sus detractores.
Esta no es la primera vez que la liberación de Fujimori ha sido un tema controvertido. En 2017, el presidente Kuczynski lo indultó por motivos humanitarios debido a su delicado estado de salud.
Sin embargo, esta decisión fue recibida con protestas y posteriormente fue revocada por la Corte Suprema tras presiones de la CIDH y los familiares de las víctimas.
La reciente decisión de liberar a Fujimori plantea dudas sobre la independencia del poder judicial de Perú y el cumplimiento de los derechos humanos internacionales.
La decisión de liberar a Fujimori ha provocado indignación y protestas de organizaciones de derechos humanos y de las familias de las víctimas de su régimen.
Argumentan que el fallo de la Corte Constitucional ignora las órdenes anteriores de la Corte Interamericana de negar la liberación de Fujimori.
Los activistas también temen que la liberación de Fujimori pueda sentar un precedente peligroso para otros países de la región donde líderes autoritarios enfrentan cargos similares.
La Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, ha manifestado que analizará el caso antes de tomar una decisión final. Sin embargo, el gobierno de Perú siguió adelante con la liberación, citando el deterioro de la salud de Fujimori y las recomendaciones de un comité médico.
Esta medida ha planteado dudas sobre la independencia e integridad del sistema judicial de Perú, y muchos críticos acusan al gobierno de interferir en los tribunales para liberar a una poderosa figura política.
La hija de Fujimori, Keiko Fujimori, también se ha visto involucrada en la polémica en torno a la liberación de su padre. Como candidata presidencial en 2021, prometió indultarlo si era elegida.
Perdió por poco las elecciones ante el candidato izquierdista Pedro Castillo, quien luego enfrentó grandes protestas y acusaciones de fraude antes de ser finalmente derrocado y encarcelado.
Algunos especulan que la liberación de Fujimori es una decisión políticamente motivada para apaciguar a sus partidarios y ganarse su favor para futuras elecciones.
Sin embargo, el gobierno ha negado cualquier implicación e insiste en que la decisión se basó en motivos humanitarios.
Por ahora, la liberación de Alberto Fujimori ha puesto de relieve la cuestión de la impunidad por los abusos contra los derechos humanos cometidos por políticos poderosos.
Queda por ver cuáles serán las repercusiones de esta decisión, tanto para el Perú como para el compromiso de la comunidad internacional con la defensa de los derechos humanos.
