La Corte Penal Internacional (CPI) está investigando denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en los territorios palestinos ocupados.
Los fiscales de la CPI ya están investigando 17 casos, incluidos Ucrania, Afganistán, Sudán y Myanmar, con un presupuesto y personal limitados.
La CPI ha asignado recursos para investigaciones en los territorios palestinos para 2023 y está buscando recursos adicionales.
Human Rights Watch, con sede en Nueva York, ha citado como posibles crímenes de guerra los ataques deliberados contra civiles, los ataques indiscriminados con cohetes y la toma de civiles como rehenes por parte de grupos armados palestinos.
La respuesta de Israel también podría estar sujeta a una investigación por crímenes de guerra. El Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, fue criticado por anunciar un bloqueo más estricto sobre Gaza y prometer eliminar a Hamas.
Los Convenios de Ginebra prohíben explícitamente la toma de rehenes, el asesinato y la tortura.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, incluidos Jerusalén Oriental e Israel, ha recopilado pruebas de crímenes de guerra cometidos por todos los bandos.
Condena los ataques contra civiles y la toma de rehenes por parte de grupos armados palestinos, así como el ataque de Israel a Gaza y el anuncio de un asedio completo.
La Comisión se compromete a investigar los acontecimientos actuales y exigir responsabilidades a los responsables.
Pide que las fuerzas de seguridad israelíes y los grupos armados palestinos respeten el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos.
El número de muertos en Gaza ha aumentado a 1.417 y más de 6.268 personas heridas. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, promete un apoyo interminable a Israel y enfatiza la importancia de evitar daños a los civiles.
Surgen preocupaciones por el bombardeo indiscriminado de Israel a Gaza, que ha matado a 1.100 palestinos y destruido escuelas y hospitales.
Los activistas sostienen que cortar el suministro de energía, agua y combustible a Gaza equivale a un castigo colectivo y viola las leyes internacionales. Israel dice que no restablecerá estos servicios hasta que Hamás devuelva a los cautivos israelíes.
Las leyes de la guerra exigen distinguir entre combatientes y civiles, preservar la infraestructura civil, advertir previamente de los ataques, abstenerse de dañar al personal y las instalaciones médicas, permitir la ayuda humanitaria imparcial y no dañar a los civiles ni a los combatientes capturados.
Tanto el asesinato de civiles por parte de Hamás como los bombardeos indiscriminados de Israel están siendo examinados por violaciones de estas leyes.
Gaza, que ya está bajo bloqueo durante los últimos 16 años, ha alcanzado nuevos mínimos, sumida en la oscuridad después de que la única central eléctrica del territorio se quedó sin combustible.
Los objetivos aéreos incluyen campos de refugiados, bloques residenciales e infraestructura crítica como la compañía de telecomunicaciones, hospitales y escuelas que proporcionan la única forma de refugio para los desplazados de Gaza: 340.000 y aumentando rápidamente.
El grupo de expertos incluye varios relatores especiales de la ONU que afirman que la violencia dirigida indiscriminadamente a civiles inocentes está absolutamente prohibida según el derecho internacional y equivale a un crimen de guerra.
Los expertos también señalaron que la situación en Gaza constituye un “castigo colectivo”, que también está prohibido por el derecho internacional.
El informe pide a todas las partes en el conflicto que respeten el derecho internacional humanitario y tomen todas las medidas necesarias para proteger a los civiles de cualquier daño.
También insta a la comunidad internacional a tomar medidas para abordar las causas profundas del conflicto, incluida la discriminación y represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU enfatiza la necesidad de responsabilizar a los responsables de violaciones del derecho internacional y pide que tanto las fuerzas de seguridad israelíes como los grupos armados palestinos respeten el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos.
