Miles de presuntos pandilleros serán trasladados a una “mega prisión” recientemente inaugurada en El Salvador como parte de una importante campaña contra el crimen en el país.
El primer grupo de unas 2.000 personas fue trasladado a la “mega prisión” de máxima seguridad.
El Centro de Internamiento contra el Terrorismo de Tecoluca tiene capacidad para 40.000 presos y es considerado el penal más grande de América.
Los grupos de derechos humanos temen que la campaña para capturar a los pandilleros también esté provocando la detención de muchas personas inocentes.
Las imágenes mostraban a los prisioneros con pantalones cortos blancos y la cabeza rapada, muchos de ellos con tatuajes de pandillas.
Los presos saldrán de sus celdas solo para audiencias legales por videoconferencia o para ser castigados en una celda de aislamiento sin ventanas y sin luz.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó la construcción de una nueva mega prisión que albergará a muchas de las más de 62.000 personas que las autoridades han arrestado desde que el gobierno comenzó a realizar arrestos masivos de personas sospechosas de afiliación a pandillas el año pasado.
Los críticos dicen que El Salvador no podrá salir de sus problemas de seguridad con arrestos y cárceles. Aducen que con esta prisión, Bukele demuestra que no tiene planes claros para prevenir el crimen.
Sostienen que el enfoque en el castigo es preocupante y existen riesgos de violencia en una prisión que probablemente terminaría superpoblada.
Medios internacionales han reportado que el gobierno de El Salvador ha sido acusado de abusos generalizados al renunciar a las libertades civiles para combatir la actividad de las pandillas.
Los grupos de derechos han criticado la represión del crimen, acusando al gobierno de empoderarse para actuar con impunidad.
Human Rights Watch informa que las pandillas ejercen control sobre partes del territorio y cometen abusos graves, incluidos asesinatos y violaciones.
La organización también informa que El Salvador no cuenta con una legislación civil integral contra la discriminación que abarque la discriminación por orientación sexual e identidad de género, ni un procedimiento legal de reconocimiento de género para las personas transgénero.
Con base en estas fuentes, es difícil dar una respuesta precisa sobre la situación actual en El Salvador. Sin embargo, está claro que hay problemas continuos con la violencia y la discriminación en el país.
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR
Amnistía Internacional ha acusado al gobierno de El Salvador de cometer “violaciones masivas de derechos humanos” durante una extraordinaria campaña de seguridad que ha provocado la detención de más de 36.000 personas en poco más de dos meses.
Bajo el actual estado de emergencia, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, incluidas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como torturas y malos tratos.
Las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de los derechos humanos y criminalizando a las personas que viven en la pobreza con el pretexto de castigar a las pandillas.
En lugar de ofrecer una respuesta efectiva a la dramática violencia provocada por las pandillas y los desafíos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia, según organismos internacionales.
Las pandillas ejercen control territorial y extorsionan a los ciudadanos. Las autoridades rutinariamente no han investigado los delitos y en muchos casos han colaborado con las pandillas.
DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR
El Salvador tiene un pobre historial de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad del Estado han cometido abusos atroces, incluidas ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales y desapariciones forzadas.
El gobierno del presidente Nayib Bukele ha lanzado un asalto a las instituciones democráticas, incluso mediante la sustitución sumaria del fiscal general y de todos los jueces de la sala constitucional de la Corte Suprema de El Salvador.
Después de que los aliados de Bukele obtuvieran una mayoría legislativa en mayo de 2021, aprobaron una legislación que socava la independencia judicial.
Bajo el actual estado de emergencia, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, incluidas miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso, así como torturas y malos tratos.
Amnistía Internacional informa que al menos 18 personas han muerto bajo custodia estatal. Human Rights Watch documenta detenciones masivas arbitrarias, torturas y otras formas de malos tratos contra detenidos, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y enjuiciamientos plagados de abusos.
Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyen informes creíbles de homicidios ilegítimos de presuntos pandilleros y otras personas por parte de las fuerzas de seguridad; desapariciones forzadas; corrupción; falta de transparencia; la violencia contra las mujeres; trata de personas; discriminación por orientación sexual o identidad de género; trabajo infantil; y aplicación ineficaz de las leyes laborales.
Al menos 80 personas han muerto en prisión sin haber sido condenadas por nada, ya que 55.000 personas han inundado un sistema abrumado durante la represión del país contra las pandillas.
UN PRESIDENTE CON UNA ACEPTACIÓN FAVORABLE
La última encuesta de CID Gallup, publicada el 2 de febrero de 2023, revela que el 90% de los salvadoreños cree que Bukele está haciendo un buen o muy buen trabajo.
Según la cuenta de Twitter de Nayib Bukele, una nueva encuesta de CID Gallup muestra que el 95% de los salvadoreños aprueba su trabajo en seguridad.
Una encuesta de este mes realizada por la encuestadora CID Gallup encontró que el 92% de la población apoya el estado de excepción.
