Propuesta de modernización fiscal de República Dominicana: un análisis profundo

El gobierno de República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, dio a conocer a la nación su propuesta de plan de modernización fiscal. 

Esta propuesta, conocida formalmente como la “Ley de Modernización Fiscal”, busca reformar el sistema tributario del país con el objetivo de aumentar los ingresos del gobierno y financiar mejoras cruciales en los servicios públicos. 

La propuesta se presentó rápidamente al Congreso para su revisión y posible aprobación. 

La justificación del gobierno para esta importante reforma se basa en varios factores claves:

Altas tasas de evasión y elusión fiscal: República Dominicana enfrenta un desafío sustancial en materia de cumplimiento tributario, lo que lleva a una pérdida significativa de ingresos potenciales. 

Baja recaudación de impuestos a la propiedad: los ingresos actuales por impuestos a la propiedad no alcanzan su potencial, por lo que es necesario realizar ajustes al sistema. 

Exenciones fiscales generalizadas: numerosos sectores se benefician de incentivos y exenciones fiscales, lo que crea un campo de juego desigual y reduce los ingresos generales. 

Dependencia excesiva de leyes de incentivos: la proliferación de leyes que ofrecen exenciones e incentivos fiscales requiere una revisión exhaustiva para garantizar su eficacia y equidad.

Necesidad urgente de aumentar el gasto público: el país necesita invertir fuertemente en áreas esenciales como educación, atención médica, seguridad e infraestructura para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Deuda pública insostenible: décadas de déficits fiscales han resultado en una carga de deuda pública que requiere atención inmediata para prevenir una mayor inestabilidad económica. Cambios claves propuestos

La propuesta de modernización fiscal introduce una serie de cambios diseñados para abordar estos desafíos:

Ampliación de la base del impuesto al valor agregado (IVA/ITBIS): si bien la tasa actual del IVA del 18% permanece sin cambios, el gobierno propone ampliar su aplicación a una gama más amplia de bienes y servicios.

Esto incluye gravar artículos que anteriormente estaban exentos, en particular muchos productos alimenticios más allá de una lista limitada de siete alimentos básicos (arroz, pollo, pan, leche, mandioca, plátanos y yuca). 

Eliminación o reducción de exenciones fiscales: la propuesta busca eliminar o reducir significativamente una serie de exenciones fiscales y programas de incentivos existentes, lo que afecta a sectores como los textiles, el turismo, la producción cinematográfica, el patrocinio cultural y las zonas francas. 

Reducción del umbral del impuesto predial: Se reducirá el umbral del impuesto sobre bienes inmuebles (IPI), lo que significa que más propietarios de viviendas estarán sujetos a este impuesto.

Aumento del impuesto sobre la renta para personas con ingresos altos: Las personas con ingresos mensuales superiores a RD$200,000 enfrentarán una tasa impositiva más alta del 27%. 

Cambios al impuesto sobre la renta corporativa: La propuesta modifica el sistema de impuesto sobre la renta corporativa, incluyendo ajustes a los pagos anticipados y posibles exenciones para micro y pequeñas empresas durante sus primeros años de operación. 

Enfoque en la lucha contra la evasión fiscal: El gobierno enfatiza su compromiso de abordar la evasión fiscal a través de varias medidas, incluyendo auditorías más estrictas y un censo integral de contribuyentes.

REACCIONES Y PREOCUPACIONES

La propuesta de modernización fiscal ha generado un debate considerable y reacciones encontradas de diversas partes interesadas:

Economistas:

Economistas como Magín Díaz reconocen la necesidad de una reforma fiscal debido a los persistentes déficits presupuestarios de la República Dominicana. 

Argumentan que el nivel actual de gasto supera los ingresos, lo que hace que la reforma sea esencial para evitar una crisis futura. 

Sin embargo, se plantean preocupaciones con respecto a la naturaleza regresiva de la expansión de la base del IVA sin una estructura de tasas escalonadas, lo que podría afectar de manera desproporcionada a los hogares de ingresos bajos y medios. 

Los expertos también señalan que depender únicamente del aumento de la recaudación de impuestos sin abordar la ineficiencia gubernamental y el gasto innecesario podría no producir los resultados deseados a largo plazo.

Funcionarios del Gobierno:

El Ministro de Finanzas, Jochy Vicente, enfatiza que la reforma no está dirigida a ningún grupo específico y está diseñada para beneficiar a toda la nación mejorando los servicios públicos y fomentando el desarrollo.

Subraya el compromiso del gobierno con la responsabilidad fiscal y el uso de los ingresos adicionales para abordar las necesidades críticas en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura. 

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, se hace eco de este sentimiento, destacando la necesidad de traducir el crecimiento económico en una mejora tangible en la calidad de vida de todos los dominicanos. 

Sostiene que la reforma es un paso necesario para dotar al estado de los recursos necesarios para abordar los desafíos colectivos apremiantes y romper con la mentalidad prevaleciente de “cada uno por sí mismo”.

Sectores empresariales:

Representantes de varios sectores, incluidos la producción cinematográfica y el turismo, expresan su preocupación por los posibles impactos negativos de eliminar o reducir las exenciones fiscales existentes.

Argumentan que estos incentivos son cruciales para el crecimiento y la competitividad de sus industrias. 

PÚBLICO EN GENERAL

Un sentimiento común entre el público es la aprensión de mayores costos, particularmente debido a la base expandida del IVA que afecta los bienes y servicios cotidianos. 

Existen dudas sobre la capacidad del gobierno para utilizar eficazmente el aumento de los ingresos para mejorar los servicios públicos y combatir la corrupción. 

MIRANDO HACIA EL FUTURO

A medida que la Propuesta de Modernización Fiscal se somete a revisión y debate legislativo, será crucial abordar las preocupaciones planteadas por varias partes interesadas. 

Lograr un equilibrio entre generar los ingresos necesarios, proteger a las poblaciones vulnerables y promover un sistema tributario justo y eficiente será clave para el éxito de la reforma. 

La capacidad del gobierno para demostrar transparencia, rendición de cuentas y un compromiso genuino con la mejora de los servicios públicos será primordial para asegurar el apoyo público para esta ambiciosa iniciativa.