El Ministerio Público allanó el lunes las instalaciones de la Cámara de Cuentas en busca de documentos y registros contables relacionados a una investigación por obstrucción a la justicia, lavado de activos, y otros cargos.
Las pesquisas las encabezó Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El allanamiento es parte de la denominada Operación Caracol puesta en marcha hace varios meses por la Pepca, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza Yeni Berenice Reinoso.
Camacho dijo que durante el allanamiento a la institución encargada de fiscalizar a las instituciones gubernamentales encontraron “miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones, que a nuestro juicio han cometido actos contrarios a la ley”.
Los miembros del pleno y varios funcionarios de la Camara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, del Ministerio Público, y varios artículos del Código Penal, así como de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado.
Desde las 6:30 de la mañana de este lunes, por casi 12 horas, la sede del órgano fiscalizador fue allanada por la Procuraduría General de la República.
Participaron al menos 23 fiscales y 150 agentes de la Policía Nacional.
Las autoridades incautaron miles de documentos almacenados en contenedores plásticos que fueron transportados en dos camiones a la Procuraduría.
El allanamiento se realizó con autorización de un juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia por la condición especial del privilegio de jurisdicción.
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