Operación Halcón IV, golpe al crimen organizado en República Dominicana

Miriam Germán Brito, fiscal general de la República Dominicana, tuvo que mudarse a una nueva casa en un lugar no revelado como resultado de amenazas de muerte dirigidas a uno de sus hijos en particular.

La amenaza supuestamente proviene de un narcotraficante dominicano residente en España, y Germán se abstuvo de revelar más detalles para evitar obstruir la investigación en curso.

Germán recibió mensajes de WhatsApp de una persona que le advirtió que si tomaba medidas contra ciertos individuos relacionados con las cárceles, resultaría en un derramamiento de sangre, enfatizando que no sería su sangre. La persona también continuó afirmando que podrían ordenar que le hicieran daño a su hijo.

A pesar de la situación, Germán advirtió que los que están detrás de la intimidación en su contra y su familia no lo lograrán.

El pasado martes el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional y otras agencias militares lanzaron la Operación Halcón IV contra dos organizaciones de narcotráfico y redes de crimen organizado que operaban en Santiago y otras provincias del Cibao. 

La operación, que se realizó por aire y tierra, tuvo como objetivo combatir una serie de delitos cometidos por estas estructuras criminales, entre ellos la amenaza de matar al hijo de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

Las redes criminales desmanteladas estaban involucradas en numerosos asesinatos, tráfico de drogas, lavado de activos, actividades de ciberdelincuencia, negocios ilícitos dentro de las cárceles y soborno a autoridades. 

Las operaciones se coordinaron desde el Palacio de Justicia de Santiago, bajo el liderazgo de Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta y directora general de Persecución del Ministerio Público, el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, y el mayor general Eduardo Alberto Then, director general de la Policía Nacional.

Las autoridades realizaron allanamientos en diversos lugares, entre ellos apartamentos, casas, locales comerciales y agencias de venta de vehículos. 

Los allanamientos matutinos resultaron en la detención de al menos 10 personas en sectores de Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega. 

Asimismo, se realizaron requisas en centros penitenciarios como el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito y la Cárcel Pública de La Vega, donde se encontraban recluidos miembros de las organizaciones criminales objeto de investigación.

Los presuntos líderes de estas redes criminales son Joel Ambioris Pimentel García, también conocido como “la J”, residente en España y sujeto a extradición, y José Hamilton Ureña, conocido como “Nino come mezcla”, actualmente preso en una cárcel de la región Nordeste del país por una condena por homicidio. 

Para llevar a cabo la operación contra las redes delictivas en el Cibao Central, se movilizaron un total de 71 fiscales y 1.350 efectivos especiales, policiales, militares, agentes y miembros de unidades élite de las Fuerzas Armadas del país. 

Las fuerzas élite lograron penetrar zonas difíciles y tomar el control sobre territorios que desde hace mucho tiempo eran dominados por organizaciones criminales, entre ellos el famoso El Hoyo de Bartola, que servía como centro de operaciones del alias “la J”.

El Ministerio Público y los organismos investigativos han incautado pruebas contundentes que implican a estas organizaciones criminales en diversos delitos, entre ellos la amenaza contra altos funcionarios del Estado. 

Asimismo, se ha descubierto que estas organizaciones se hacían pasar por líderes de grupos rivales para desviar las investigaciones. 

Debido a las evidencias que vinculan a estas organizaciones con el narcotráfico, la ciberdelincuencia, las actividades ilícitas dentro de las cárceles y el soborno a autoridades, todas las estructuras están siendo investigadas por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la DNCD.

La procuradora general Miriam Germán Brito, el director general de la Policía Nacional mayor general Eduardo Alberto Then, y el presidente de la DNCD vicealmirante José M. Cabrera Ulloa resaltaron la importancia de la colaboración interinstitucional para investigar estas estructuras criminales. 

Asimismo, manifestaron su compromiso de tomar las medidas necesarias y continuar las investigaciones, sin ceder ante intimidaciones ni amenazas de ninguna índole.

El Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó apoyar a la Fiscalía General a través del intercambio de experiencias y el diseño de estrategias de seguridad.

La República Dominicana también ha adoptado una Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2018-2021, que incluye marcos legales y medidas institucionales para protegerse contra el ciberdelito.