Operación Camaleón: Desentrañando un escándalo de corrupción en República Dominicana

La Operación Camaleón es una investigación del Ministerio Público de República Dominicana sobre una supuesta red de corrupción en torno a un contrato de semáforos. 

La investigación, que culminó con la detención de siete personas el 2 de octubre de 2024, se centró en denuncias de procesos fraudulentos de adjudicación de contratos, la formación de una organización criminal y el uso indebido de recursos estatales para beneficio personal. 

Los presuntos hechos ocurrieron principalmente en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

En 2017 se inició el supuesto esquema de corrupción, según el expediente del Ministerio Público.

En junio de 2020, el Ministerio de Defensa y Aurix, de Jochi Gómez, firmaron un polémico contrato.

El 30 de junio de 2022, Pedro Vinicio Padovani Báez, encargado del control del centro de semáforos, renunció al INTRANT y se incorporó a la empresa de Gómez Canaán. 

Por esa época, Hugo Beras fue nombrado Director Ejecutivo del INTRANT.  

El plan anual de adquisiciones del INTRANT incluía un proyecto de modernización del sistema de control de tránsito y red de semáforos. 

El presupuesto de este proyecto, originalmente previsto en RD$104 millones, fue aumentado a RD$1,200 millones sin justificación adecuada, ya que no existía documentación técnica ni financiera que sustentara este significativo aumento en el costo del proyecto.

El INTRANT adjudicó un contrato de modernización de semáforos a Transcore Latam, de propiedad parcial de Jochi Gómez.

El 19 de octubre de 2023, el INTRANT realizó el segundo pago a Transcore Latam, por un total del 20% del valor del contrato.

A fines de octubre de 2023, la DGCP suspendió el contrato por irregularidades. Hugo Beras contrató a un abogado para una investigación privada. La DGCP anunció públicamente las irregularidades del contrato sin informar a Beras.

En agosto de 2024, un apagón de tres días paralizó el sistema de semáforos de Santo Domingo. Este incidente, posteriormente calificado como terrorismo, ocurrió luego de que el INTRANT suspendiera el contrato de Transcore Latam.

En septiembre de 2024, el Ministerio de Defensa rescindió el contrato con Jochi Gómez.

El 2 de octubre de 2024, Hugo Beras defendió sus acciones en un programa de radio. Jochi Gómez fue detenido luego de un interrogatorio de cuatro horas.

Las autoridades realizaron allanamientos y arrestaron a siete personas vinculadas al caso.

El 3 de octubre de 2024, el Ministerio Público denominó oficialmente la investigación como “Operación Camaleón” y anunció las detenciones.

El 5 de octubre de 2024, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva y declaró el caso como “complejo”.

El 6 de octubre de 2024, Guillermo Gómez, padre de Jochi Gómez, declinó hacer comentarios sobre el caso. 

Entre el 8 y 10 de octubre de 2024 las audiencias fueron pospuestas y la jueza Kenya Romero impuso tres meses de prisión preventiva a Hugo Beras y Jochi Gómez.

Hugo Beras: Como Director Ejecutivo del INTRANT, fue acusado de facilitar la presunta corrupción al autorizar el proceso fraudulento de adjudicación del contrato. 

Beras negó haber cometido irregularidades, expresó su sorpresa por las advertencias de la DGCP y citó un contrato de seguridad nacional separado con el Ministerio de Defensa.

Jochi Gómez: Figura central en el caso, supuestamente era dueño de Transcore Latam, la empresa adjudicataria del contrato del semáforo a pesar de su limitada experiencia. 

Gómez defendió su participación, mostrando un acuerdo de distribución con Transcore y destacando su experiencia pasada con el Ministerio de Defensa durante la pandemia de COVID-19. 

También abordó las acusaciones pasadas de extorsión y espionaje, atribuyéndolas a los esfuerzos anticorrupción de su familia.

Carlos Pimentel: El Director de la DGCP jugó un papel crucial en el descubrimiento de las irregularidades en el contrato. Afirmó que la investigación de la DGCP estaba en curso y se basaba únicamente en la documentación disponible.

La investigación del Ministerio Público descubrió una amplia gama de presuntos delitos, entre ellos:

* Formación de una Organización Criminal: Integrada por funcionarios gubernamentales y personas con antecedentes penales.

* Proceso de Licitación Fraudulento: Transcore Latam habría sido seleccionada antes de que comenzara el proceso de licitación y se habrían manipulado los requisitos a su favor.

* Uso Indebido de Recursos del Estado: El contrato del Ministerio de Defensa habría sido utilizado para acceder a información sensible y equipos destinados a agencias de seguridad.

* Adquisición Ilícita y Uso de Tecnología Restringida: Incluyendo una compleja red de espionaje satelital y drones para vigilancia ilícita.

* Falsificación de Documentos y Robo de Identidad: Para facilitar la participación en el proceso de licitación.

* Lavado de Dinero y Obstrucción de la Justicia: Adquisición de activos costosos y obstaculización de las investigaciones iniciales.

El caso de la Operación Camaleón, con sus denuncias de corrupción de alto nivel, ha atraído una importante atención pública y un escrutinio minucioso en la República Dominicana. 

El caso plantea inquietudes sobre:

* Corrupción y transparencia: Destaca la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de adjudicación de contratos gubernamentales.

* Abuso de poder: Subraya las inquietudes sobre posibles conflictos de intereses y abuso de poder por parte de funcionarios gubernamentales.

* Implicaciones para la seguridad nacional: Plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de la infraestructura crítica al sabotaje y la actividad delictiva.

El resultado de este caso podría tener implicaciones significativas para el panorama político del país y las iniciativas anticorrupción. 

Si se prueban, las acusaciones podrían dar lugar a importantes sentencias de prisión para los implicados. 

Además, el caso presenta una oportunidad para realizar cambios y reformas sistémicas que eviten futuros escándalos de corrupción.