Una furia latente finalmente alcanzó su punto de ebullición en las calles bañadas por el sol de Barcelona el pasado fin de semana.
Miles de residentes, hartos del asfixiante control del turismo de masas, desataron su ira, atacando a los turistas con pistolas de agua, insultos y bloqueos de hoteles y restaurantes.
El vibrante barrio de Barceloneta, normalmente un refugio alegre para los visitantes, se convirtió en el epicentro de esta explosiva manifestación.
¿El catalizador de esta explosión de ira sin precedentes? Una crisis inmobiliaria de proporciones épicas, alimentada por la incesante afluencia de turistas y la proliferación de alquileres a corto plazo como Airbnb.
Los lugareños, incluidos aquellos que han considerado a Barcelona su hogar durante generaciones, se ven excluidos del precio, desalojados y empujados al borde del abismo.
En la protesta del 6 de julio, organizada por una coalición de más de 140 grupos sociales y ecologistas, cerca de 3.000 personas marcharon bajo el lema “¡Ya basta, pongamos límites al turismo!”.
Denunciaron el impacto “masivo” del turismo, no sólo en la vivienda, sino también en la igualdad social y el medio ambiente.
“Nos es imposible vivir en nuestra propia ciudad”, lamentó Martí Cusó, portavoz de la protesta. “El turismo tiene enormes impactos negativos en nuestras vidas, haciéndonos precarios”.
Muchos residentes se hacen eco de estos sentimientos. Karma Araro, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, describe una ciudad transformada, donde los lugareños ahora evitan barrios enteros invadidos por turistas.
“Existe una sensación de desplazamiento subjetivo”, explicó a Al Jazeera, “como si esta ciudad ya no te perteneciera”.
Esta sensación de desplazamiento se manifiesta de varias maneras. Elena Parando, otra residente de Barcelona, describe una ciudad donde incluso las actividades mundanas como viajar en autobús o usar una aplicación de citas están plagadas de obstáculos relacionados con el turismo.
Para echar más leña al fuego está la percepción de que el gobierno de la ciudad, si bien reconoce el problema, está dando largas a la hora de abordar las cuestiones fundamentales. Muchos, incluido Araro, consideran que el plan del alcalde Jaume Collboni de prohibir los alquileres turísticos para 2028 es demasiado poco y demasiado tarde.
“No podemos darnos el lujo de vivir tres años más con la peor crisis inmobiliaria de la historia reciente”, afirmó, señalando las lagunas en las leyes de control de alquileres que todavía permiten a los propietarios cobrar precios exorbitantes por arrendamientos a corto plazo.
Esta ira hacia la supuesta inacción de Collboni fue palpable en la protesta.
Muchos creen que favorece a la industria hotelera por encima de sus propios electores, señalando sus planes de añadir miles de nuevas camas hoteleras en Barcelona y sus alrededores.
Las protestas de Barcelona no son un incidente aislado.
En toda España, desde las Islas Canarias hasta Málaga, han estallado manifestaciones similares, lo que refleja una creciente reacción nacional contra el modelo insostenible de turismo de masas.
La situación en Barcelona representa una advertencia para los destinos turísticos de todo el mundo.
Si bien el turismo puede aportar beneficios económicos, una afluencia descontrolada de visitantes puede tener consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el medio ambiente.
Como bien lo expresó Karma Araro: “Necesitamos mirar hacia atrás y priorizar lo que necesitamos para vivir en una ciudad”.
La pregunta es: ¿están escuchando los que están en el poder?
