La Corte Federal de Apelaciones rechaza por unanimidad el reclamo de inmunidad de Trump en el caso del 6 de enero

En un duro golpe al expresidente Donald Trump, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C. dictaminó el martes por unanimidad que Trump no tiene inmunidad absoluta de procesamiento por presuntos delitos cometidos durante su presidencia para anular los resultados de las elecciones de 2020.

El fallo derriba el núcleo de la defensa de Trump en el caso del Departamento de Justicia en su contra relacionado con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. 

Trump ha sido acusado de cuatro cargos de intentar anular ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020 y de obstruir la certificación del Congreso de la victoria de Joe Biden. 

Se ha declarado inocente de todos los cargos.

En su opinión integral de 38 páginas, el tribunal de apelaciones rechazó la amplia afirmación de Trump de que un presidente en ejercicio tiene inmunidad absoluta frente a un proceso penal. Los jueces determinaron que “ningún funcionario del gobierno, incluido el presidente, está por encima de la ley”. 

Dijeron que las acciones de Trump destinadas a anular una elección libre y justa, si se demuestra que son ciertas, representarían “un asalto sin precedentes a la estructura de nuestro gobierno” que no puede escapar de la rendición de cuentas.

El tribunal también desestimó el argumento de Trump de que permitir un procesamiento penal contra un presidente “enfriaría” el ejercicio de sus deberes oficiales e invitaría al acoso. 

En cambio, los jueces escribieron que la “perspectiva de responsabilidad penal federal” podría en realidad disuadir los abusos de poder y la conducta criminal del presidente.

En un pasaje clave, la opinión dice: “Todo presidente enfrentará decisiones difíciles sobre si cometer intencionalmente un delito federal no debería ser una de ellas”. 

Esto refuta la afirmación de Trump de que el procesamiento infringiría la capacidad de un presidente para llevar a cabo funciones asignadas constitucionalmente.

El fallo unánime, escrito por los jueces J. Michelle Childs y Florence Pan, y la jueza Karen LeCraft Henderson, es una derrota significativa para Trump que podría acelerar el cronograma de su próximo juicio. 

La decisión obliga a Trump a solicitar rápidamente una suspensión de emergencia de la Corte Suprema si quiere retrasar aún más el procedimiento.

Los expertos legales dicen que el tribunal de apelaciones elaboró una opinión “hermética” y “a prueba de balas” que será muy difícil de revocar incluso para la Corte Suprema, de tendencia conservadora. 

George Conway, un abogado conservador que argumentó en contra del reclamo de inmunidad de Trump en un escrito amicus curiae, calificó el fallo de “magistral” por su análisis integral del texto constitucional, los precedentes y la lógica.

Si la Corte Suprema se niega a aceptar la inevitable apelación de Trump o confirma el fallo, el juicio penal en el tribunal federal de Washington, D.C. podría reanudarse a finales de mayo o principios de junio. 

Esto crea la posibilidad de un veredicto antes de las elecciones presidenciales de 2024, lo que podría socavar gravemente cualquier intento de Trump de presentarse nuevamente.

Si bien Trump criticó la decisión como “injusta” y afirmó que causaría un “impacto grave y escalofriante”, los analistas legales coinciden en que el tribunal de apelaciones hizo lo correcto.

El fallo establece que los presidentes no son reyes y que nadie, incluido un ex comandante en jefe, está por encima de la ley. 

Refuerza el principio fundamental de rendición de cuentas y garantiza que los futuros presidentes no puedan abusar del poder sin consecuencias o supervisión.

En el corto plazo, el tribunal de apelaciones ha otorgado una importante victoria al Departamento de Justicia y al fiscal especial Jack Smith al responsabilizar a Trump por supuestamente intentar subvertir la democracia. 

En términos más generales, el fallo protege la integridad de elecciones libres y justas y refuerza la idea constitucional básica de que incluso los funcionarios más poderosos deben obedecer la ley del país.