El presidente Donald Trump firmó una proclamación presidencial que restablece la prohibición de viajes, la cual entrará en vigor el lunes 9 de junio de 2025 a las 12:01 a.m., tiempo del Este.
Esta nueva directiva suspende totalmente la entrada a Estados Unidos de extranjeros de 12 países y restringe parcialmente los viajes de personas de otros siete países, alegando, entre las principales justificaciones, preocupaciones de seguridad nacional, capacidades de selección e investigación inadecuadas y altas tasas de permanencia en el país tras el vencimiento de la visa.
La propia proclamación de la Casa Blanca ofrece amplios detalles sobre la justificación, invocando la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Esta ley surge tras una orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 que exigió una revisión de la cooperación con gobiernos extranjeros.
El informe posterior, presentado el 9 de abril de 2025, identificó países con procesos de investigación deficientes.
Más allá de la seguridad, la proclamación destaca problemas como la negativa de algunos países a aceptar el regreso de sus ciudadanos programados para ser expulsados de Estados Unidos y las significativas tasas de permanencia en el país tras el vencimiento de la visa.
Por ejemplo, señala que Afganistán está bajo control talibán, considerado grupo terrorista, y carece de un sistema competente para la emisión de pasaportes, además de altos porcentajes de permanencia en el país tras el vencimiento de la visa.
Haití es citado por el alto número de personas que sobrepasan la duración de la estadía, la afluencia de entradas ilegales durante la administración anterior y la falta de una autoridad central para el intercambio de información.
Irán es catalogado como estado patrocinador del terrorismo.
Los siete países bajo suspensión parcial verán suspendidas sus visas de inmigrante y ciertas visas de no inmigrante (B-1, B-2, F, M, J), y se ordenará a los funcionarios consulares que reduzcan la validez de otras visas de no inmigrante.
La cobertura informativa de medios como NPR y CNBC News estableció paralelismos con la anterior prohibición de viajes de Trump, promulgada en 2017, que enfrentó numerosos recursos legales y fue calificada como una “prohibición musulmana” por los críticos.
La prohibición anterior, tras varias revisiones, fue finalmente confirmada por la Corte Suprema en 2018, antes de ser revocada por el presidente Biden en 2021.
Esta nueva prohibición, según algunos informes, parece estructurada con más excepciones, posiblemente para resistir el escrutinio legal.
Por ejemplo, se hacen excepciones para residentes permanentes legales, personas con doble nacionalidad que viajen con un pasaporte de un país sin restricciones, atletas que participen en eventos deportivos importantes como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos, y quienes tengan ciertas visas diplomáticas u oficiales.
Las visas especiales de inmigrante para afganos que colaboraron con el gobierno estadounidense y para ciertas minorías religiosas iraníes también están exentas.
En una declaración en video, Trump relacionó la necesidad de la prohibición con un reciente ataque con bombas incendiarias en Boulder, Colorado, aunque el autor es de Egipto, un país que no figura en la lista de países prohibidos.
Las reacciones a la proclamación fueron rápidas y variadas. Shawn VanDiver, de #AfghanEvac, expresó su preocupación, afirmando que si bien algunos afganos con visas especiales de inmigrante están exentos, “decenas de miles” más, incluyendo familiares, serían bloqueados, calificando la inclusión de Afganistán como una “vergüenza moral”.
Legisladores demócratas, entre ellos los senadores Adam Schiff y Ed Markey, condenaron la prohibición, y Markey afirmó que “NO haría a Estados Unidos más seguro” y que representaba “intolerancia y odio”.
Jeff Joseph, presidente electo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, sugirió que la administración intentaba evitar dificultades legales pasadas, pero que, aun así, preveía demandas.
Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, argumentó que la política “no se centraba en la seguridad nacional”, sino en “sembrar división y difamar a las comunidades”.
El embajador de Somalia en Estados Unidos, Dahir Hassan Abdi, declaró que Somalia “está dispuesta a dialogar para abordar las preocupaciones planteadas”.
Por otro lado, personas de los países afectados, como Ko Min Nwe, de Myanmar, quien recientemente ganó la lotería de inmigración estadounidense, expresaron su desolación, sintiendo que se les había “robado” una oportunidad única.
La proclamación incluye una disposición para una revisión continua, en la que el Secretario de Estado debe informar al Presidente en un plazo de 90 días, y cada 180 días a partir de entonces, sobre si las restricciones deben continuar, modificarse o terminarse.
También ordena específicamente una revisión de las capacidades de selección e investigación de antecedentes de Egipto.
La prohibición no revoca las visas válidas existentes y declara explícitamente que no limita la capacidad de una persona para solicitar asilo, estatus de refugiado o protección bajo la Convención contra la Tortura, de conformidad con las leyes estadounidenses.
En conclusión, la nueva prohibición de viajes marca un regreso significativo a una política controvertida del primer mandato del presidente Trump.
Si bien el gobierno la presenta como una medida necesaria para la seguridad nacional y la aplicación de las leyes migratorias, citando preocupaciones detalladas sobre la capacidad de investigación y cooperación de países específicos, los críticos y las personas afectadas la denuncian como discriminatoria y perjudicial para las poblaciones vulnerables.
La inclusión de numerosas excepciones y un proceso de revisión regular pueden ser intentos de abordar desafíos legales y prácticos pasados, pero el debate fundamental sobre la necesidad, la equidad y la eficacia de la prohibición se ha reavivado.
